Los fenómenos climáticos no piden permiso ni esperan los tiempos de la burocracia. El Niño, además, tiene una particularidad: no llega de sorpresa. Los organismos especializados siguen durante meses la evolución de las condiciones del océano Pacífico y advierten con anticipación sobre la probabilidad de su formación. Por eso, cuando sus efectos comienzan a sentirse, la pregunta no debería ser solamente qué hacer, sino qué hicimos mientras todavía había tiempo.
Colombia conoce bien sus consecuencias. Menos lluvias significan menores caudales, reducción de los aportes a los embalses y una mayor presión sobre un sistema eléctrico en el que la generación hidráulica continúa teniendo un peso determinante.
Las señales durante 2026 han sido suficientemente claras. Desde meses atrás, los pronósticos advertían sobre la posibilidad de un escenario climático más exigente y los aportes hídricos comenzaron a mostrar disminuciones frente a sus promedios históricos. Las perspectivas indican, además, que las condiciones podrían hacerse más difíciles entre diciembre de este año y marzo de 2027.
En un escenario así, el agua almacenada oportunamente deja de ser solamente un asunto operativo para convertirse en una reserva estratégica para la seguridad energética del país.
El caso de Hidroituango sirve para entenderlo. Desde 2019 existía una condición en su regla de operación que restringía, bajo determinadas circunstancias, la posibilidad de avanzar hacia la cota 420 del embalse. El pasado 20 de agosto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la Resolución 002230, autorizó temporalmente aplicar nuevamente la regla establecida en 2009, sin aquella restricción.
La decisión permite elevar gradualmente el nivel del embalse y disponer de una ventana más amplia para almacenar agua antes de los meses en los que podrían presentarse menores aportes. Alcanzar la cota 420 representaría una reserva adicional estimada en 431 millones de metros cúbicos.
Para dimensionar esa cifra, ese volumen equivale aproximadamente a siete días de generación continua de Hidroituango a plena carga con las cuatro unidades de su primera etapa. Es una reserva considerable en momentos en que cada metro cúbico puede resultar importante para respaldar el sistema eléctrico.
La autorización de la ANLA es, sin duda, una buena noticia. Pero también obliga a formular una pregunta: ¿por qué una medida preventiva frente a una condición climática anunciada con meses de anticipación tuvo que esperar hasta agosto?
No se trata de desconocer las responsabilidades ambientales ni de pedir que las autoridades flexibilicen los controles. La protección de los ecosistemas, las comunidades y los caudales aguas abajo es indispensable. El punto es otro: rigor técnico, protección ambiental y oportunidad no deberían ser conceptos incompatibles.
Precisamente, contar con más tiempo permite realizar el almacenamiento de manera gradual, distribuir mejor la retención de agua y reducir la intensidad diaria de la operación. Esperar hasta que disminuyan significativamente los caudales reduce el margen de maniobra. El agua que no se guarda cuando está disponible difícilmente puede recuperarse durante una sequía.
Esta situación deja una lección que va mucho más allá de un embalse o de una resolución administrativa. Colombia necesita mejorar su capacidad para convertir las alertas tempranas en decisiones oportunas. Tenemos información climática, instituciones técnicas, experiencia acumulada y conocemos los efectos que los períodos secos pueden tener sobre un sistema eléctrico altamente dependiente del agua.
La seguridad energética tampoco puede depender de una sola medida. El país necesita acelerar proyectos de generación y transmisión, diversificar responsablemente su matriz, garantizar respaldo cuando las fuentes renovables no estén disponibles, promover el uso eficiente de la energía y ofrecer reglas estables que permitan realizar las inversiones que el sector requiere. Pero, sobre todo, necesita recuperar el valor de la planeación.
Gobernar también consiste en anticiparse. Las mejores políticas públicas no son necesariamente las que reaccionan con mayor rapidez ante una crisis, sino aquellas capaces de evitar que esa crisis ocurra o, por lo menos, de reducir sus consecuencias.
El Niño pasará. Volverán las lluvias y los embalses recuperarán sus niveles. Lo importante será que, cuando eso ocurra, no olvidemos nuevamente las lecciones que dejan los períodos de escasez.
Porque las buenas decisiones no solo deben ser técnicamente correctas. También deben llegar en el momento en que todavía pueden hacer la diferencia.
La naturaleza, mientras tanto, sigue su curso. Y cuando el agua deja de caer, ya no hay resolución que pueda hacerla llover.