Hay obras que se miden por su tamaño, por su costo o por los kilómetros que abarcan. Otras terminan midiéndose por las generaciones que han tenido que esperarlas. El Proyecto Multipropósito del Río Ranchería pertenece a estas últimas.

Durante más de medio siglo, La Guajira ha buscado aprovechar las aguas del Ranchería para impulsar la agricultura, mejorar el abastecimiento de sus poblaciones y convertir el recurso hídrico en motor de desarrollo. La dimensión del proyecto explica semejante expectativa: fue concebido para irrigar más de 18.000 hectáreas, abastecer sistemas de acueducto y generar energía.

Los beneficios esperados tienen nombres concretos. Los distritos de riego de Ranchería y San Juan del Cesar están vinculados principalmente a San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas. Además, el proyecto contempló el abastecimiento de agua para nueve municipios: Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, San Juan del Cesar, Hatonuevo, Maicao, Manaure y Uribia.

Después de años de estudios y expectativas, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se tomó la decisión de pasar de los planos a las obras. En 2006 comenzó la construcción de la primera fase, que incluyó la presa El Cercado, sus obras complementarias y las conducciones principales hacia las áreas de los dos distritos. La etapa de construcción culminó en noviembre de 2010.

El 27 de noviembre de 2010, pocos meses después del cambio de gobierno, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, encabezó la inauguración de esa primera etapa, una obra cuya construcción se había iniciado y desarrollado durante la administración que lo antecedió. Era el mayor avance alcanzado hasta entonces para materializar aquella vieja aspiración guajira.

Había razones para el optimismo. Lo construido debía complementarse con una segunda fase que permitiera consolidar los distritos de riego y el componente de generación. Para ese momento se estimaba que se necesitaban alrededor de $450.000 millones adicionales y el Gobierno buscaba la fórmula financiera para asegurar esos recursos.

Por eso sorprendió lo ocurrido apenas unos meses después. El 11 de julio de 2011, el mismo ministro habló del Ranchería en términos de un “elefante blanco” inconcluso, cuestionó sus costos y afirmó que se requerían recursos adicionales para terminarlo. La expresión resultó particularmente desafortunada para los guajiros: provenía del funcionario que poco antes había encabezado la inauguración de una obra que había recibido prácticamente terminada del gobierno anterior.

La controversia llevó al Gobierno Nacional a precisar su posición. El 3 de agosto de 2011, Restrepo aseguró por escrito que el Gobierno estaba “firmemente decidido” a concluir la obra durante ese cuatrienio y confirmó que trabajaba con Planeación Nacional para gestionar los recursos necesarios.

Pero no ocurrió. Terminó el primer gobierno Santos, transcurrió el segundo y la segunda fase no se hizo. Ocho años después, La Guajira seguía esperando.

Durante el gobierno Duque se retomó el proyecto y, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, se avanzó en la actualización de los estudios y diseños para su terminación.

Sin embargo, casi 16 años después de la entrega de la primera fase, el Ranchería todavía no desarrolla integralmente el potencial para el cual fue concebido.

Y el costo del retraso no se calcula únicamente en presupuestos. Está en las hectáreas que pudieron disponer de mejores condiciones para producir, en los agricultores que pudieron ampliar y diversificar sus cultivos, en los empleos y oportunidades que pudieron generarse y en las poblaciones que aún aguardan los beneficios de una inversión de semejante magnitud.

Por eso resulta alentador que el Ranchería vuelva a ocupar un lugar importante en la agenda nacional. Esta semana, en San Juan del Cesar, el presidente Abelardo De La Espriella dio instrucciones al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, guajiro y conocedor de las necesidades de su región, para que, con el concurso de la cooperación internacional, estructure un vehículo financiero que permita poner en operación la represa El Cercado.

A este propósito se suma la ADR, presidida por Orlando José Dangond Baute, que ha priorizado acciones técnicas y jurídicas para avanzar en la futura operación de los distritos Ranchería y San Juan del Cesar. La entidad cuenta con una hoja de ruta integral y adelanta un trabajo interinstitucional para resolver los asuntos todavía pendientes.

La historia deja una lección clara. El gobierno de Álvaro Uribe impulsó y construyó la primera gran fase de una iniciativa largamente anhelada por La Guajira. Lo que correspondía después era convertir esa infraestructura en riego, abastecimiento, producción y desarrollo. Esa tarea continúa pendiente.

Hoy se abre una nueva posibilidad. Si el compromiso anunciado se traduce en financiación, obras y operación, no se estará simplemente completando un proyecto de ingeniería: se estará haciendo posible que una inversión realizada hace más de década y media produzca finalmente los beneficios sociales y económicos que justificaron su construcción.

Después de tantos años, los guajiros no necesitan otra sucesión de estudios, anuncios y buenas intenciones. Necesitan que el agua llegue donde debe llegar, que los distritos funcionen y que la infraestructura construida cumpla finalmente su propósito.

La Guajira ya puso décadas de espera. Al Estado le corresponde, por fin, poner la ejecución.