En un comunicado publicado, la AdC informó que los registros se realizaron para verificar "indicios de prácticas anticompetencia de naturaleza horizontal (cartel de reparto de mercados) en el sector de los servicios portuarios".

Las diligencias realizadas no perturbaron la actividad normal de las empresas implicadas y fueron autorizadas por la Fiscalía lusa y el Tribunal de Instrucción Criminal.

"El combate a los cárteles continúa mereciendo la prioridad máxima de la actuación de la AdC, atendiendo a los prejuicios que invariablemente causan a los ciudadanos y a las empresas, forzándolos a pagar precios más elevados y reduciendo la calidad y diversidad de los bienes y servicios", recoge el comunicado.

Recuerda, además, que la Ley de Competencia lusa contempla un régimen de inmunidad o de reducción de las sanciones económicas para aquellas empresas que revelen su participación en un acuerdo anticompetencia y que entreguen información o pruebas al respecto. EFE